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Por Citlali Berenice Basurto Santiago y Lilia Beatriz Sánchez González. En las últimas décadas, los parques nacionales Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón, en el norte de Guatemala, han sido escenarios de desplazamientos forzados de comunidades indígenas y campesinas. La creación de estos parques en 1990 y 1992 respectivamente, impulsada por la necesidad de preservar la biodiversidad, provocó la expulsión de habitantes locales, generando tensiones entre la conservación ambiental y los derechos humanos. Uno de los casos más paradigmáticos de este conflicto es el desalojo de la comunidad de Laguna Larga el 2 de junio de 2017, donde fuerzas policiales y militares actuaron bajo el pretexto de proteger la naturaleza. Sin embargo, esta acción resultó ser contradictoria, ya que en la misma región operan empresas extractivas como Perenco, que explota hidrocarburos dentro del área protegida. Este hecho pone en evidencia los intereses económicos en juego y la falta de consideración hacia las comunidades y el medio ambiente. Las comunidades afectadas, en su mayoría de origen maya q’anjob’al, q’eqchi’, popti’, y ch’ol, fueron obligadas a abandonar sus tierras sin compensación adecuada. Desde entonces, han residido en campamentos improvisados en la frontera, luchando por el derecho a regresar a sus tierras y buscando diálogo con las autoridades responsables de la administración de las áreas protegidas. El proceso de desalojo estuvo marcado por la militarización y la violencia, lo que forzó a muchas familias a emigrar en busca de trabajo y vivienda, alejándose de sus medios de subsistencia y de su entorno natural. Pese a las promesas del gobierno guatemalteco de ofrecer compensación, hasta ahora no se ha encontrado una solución justa para los desplazados. Este conflicto se vincula directamente con la política de ceder territorios y recursos a empresas privadas extranjeras para fines extractivos. Proyectos como GuateCarbon, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y la expansión de monocultivos en áreas de conservación, demuestran cómo los intereses económicos prevalecen sobre los derechos humanos y ambientales. Además, se han violado principios fundamentales del derecho ambiental internacional, como el principio de precaución, que exige medidas para evitar daños irreversibles al medio ambiente. La explotación de recursos en áreas protegidas sin una evaluación adecuada de impacto ambiental y la falta de consulta a las comunidades locales constituyen violaciones claras de los derechos humanos y ambientales. El conflicto en los parques nacionales Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón revela la falta de cumplimiento de los principios del derecho ambiental internacional y los derechos humanos. Es esencial que las autoridades guatemaltecas e internacionales aborden este conflicto de manera equitativa, garantizando los derechos de las comunidades desplazadas y fortaleciendo la aplicación de normativas ambientales. Solo a través del diálogo y el respeto mutuo se podrá lograr un equilibrio entre la conservación ambiental y los derechos humanos, asegurando un futuro más justo y sostenible para todos. Te invitamos a leer el artículo completo.