Desde que comenzamos a trabajar la tierra, las semillas nos han permitido mantener la continuidad de la vida:
“son el corazón de la agricultura, de nuestra alimentación, de la autosuficiencia alimentaria y de la vida de millones de personas campesinas y agricultoras de todo el mundo. Son patrimonio biológico, cultural, social y económico de los pueblos y la humanidad.”
(Peña-Sanabria, et al., 2020, p. 9)
En definitiva, son resultado de un largo proceso socionatural en el que estas pequeñas estructuras biológicas han acumulado conocimientos transmitidos de una generación a otra a lo largo de milenios, sin embargo, el agresivo modelo económico contemporáneo, busca el control absoluto de todos los medios de producción y distribución existentes, a tal punto que, inclusive el manejo de las semillas se han convertido en un elemento de interés para las grandes corporaciones, pues son el primer eslabón en la cadena alimenticia, por algo Henry Kissinger decía, “Quien controla los alimentos, controla a los pueblos”.
La situación actual
La semilla representa millones de años de evolución natural y miles de años de cuidadosa selección por parte de agricultores y agricultoras, incluyendo la tradición de conservar e intercambiar semillas libremente. Es una expresión de la inteligencia de la tierra y de las comunidades agrícolas a lo largo de los siglos (La ley de la semilla, 2013); no obstante, con la llegada de los avances tecnológicos como la revolución verde y los conocimientos sobre la manipulación genética, el sistema de producción comenzó a negar las leyes ecológicas y biológicas que gobiernan a la semilla agrícola, olvidaron que estas son el resultado de la diversidad, la adaptación, la resiliencia y la apertura de la naturaleza. Así como, en los principios de la jurisprudencia relativa a los derechos humanos, los bienes públicos y los bienes comunitarios (La ley de la semilla, 2013).
Tan solo hace falta observar cómo la legislación vigente de nuestro país socava completamente la Ley de las semillas y los procesos democráticos relacionados, pues sin ninguna jurisprudencia o base científica opta por diseñar e introducir una variedad de instrumentos legales para criminalizar la antigua práctica de selección, preservación e intercambio de semillas realizadas por las comunidades campesinas e indígenas de México. Sumado a este arsenal, las corporaciones multinacionales que originalmente introdujeron químicos tóxicos en la agricultura ahora buscan controlar las semillas mediante ingeniería genética y patentes (Giraldo, 2018), provocando que la tecnología y los procesos legales abran la puerta para la apropiación del contenido de las semillas y por ende del conocimiento acumulado por milenios. Las consecuencias de estos actos son enormes, puesto que:
Se ha perdido la agrobiodiversidad de la nación a una velocidad alarmante.
Se han disparado los casos injusticias ambientales relacionados con la bioprospección, biopiratería e inseguridad alimentaria de cientos de comunidades.
Se ha normalizado el uso de agroquímicos, transgénicos y semillas extranjeras en el campo mexicano.
Frente a este panorama resulta alentadora la claridad que tienen las y los campesinos de las diversas regiones sobre la necesidad de preservar las semillas nacionales, como una herencia con un valor que trasciende lo económico y que significa la permanencia de un modo de vida que implica una forma diferente de producir alimentos. Esta diversidad de voces es la representación del enorme trabajo que ha permitido crear y recrear la agrobiodiversidad, ya que, para estos grupos, las semillas no solo son el pilar que sostiene nuestra alimentación, sino que, se trata de un legado inmaterial.
Retos que ponen en riesgo las semillas nacionales
Como dije anteriormente, el campo mexicano muestra un continuo y preocupante avance de la agricultura industrial, promovido por un marco legal internacional que condiciona las políticas públicas del país, aunado a esto, nuestra nación está adherida al convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) versión 1978, esto implica que pueden registrarse semillas, pero no pueden patentarse, esto está regulado en la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFW, 1996). Esta ley se ha intentado reformar tres veces para adherirse a una versión más reciente de la UPOV (de 1991). Estas iniciativas, han sido impulsadas sobre todo por representantes de las corporaciones transnacionales que dominan el mercado mundial de semillas y agrotóxicos. Lo que buscan con estas acciones es privatizar las semillas, protegiendo los “derechos” de las corporaciones no sólo sobre las semillas mismas sino de las futuras generaciones que salgan de ellas. Es decir, que se podrá patentarlas sin tomar en cuenta de que todas las semillas domesticadas vienen de generaciones de pueblos originarios y comunidades campesinas que las conservan y las desarrollan desde milenios atrás. Este riesgo sigue presente porque en el Tratado México, Estado Unidos y Canadá (T-MEC, antes TLCAN, 1994) ratificado en julio del 2020, establece una cláusula que compromete al Estado mexicano a adherirse al convenio de UPOV-91 (Peña-Sanabria, et al., 2020). Sí esto llegara a concretarse, pondría los intereses mercantiles sobre los derechos humanos, así como el interés privado por encima del bienestar común. Llevaría a la criminalización de las campesinas y campesinos, estableciendo costosas multas, penas de cárcel e incluso la quema de las cosechas, si intercambian, guardan, comparten, distribuyen y circulan libremente sus propias semillas que han heredado por generaciones, escenario que pone en una encrucijada a las decenas de razas y cientos de variedades de cultivos que tienen origen en México.
Soberanía alimentaria, una posible solución
Bajo estos riesgos, el colectivismo agrario pone sobre a la mesa a la soberanía alimentaria, pues esta nos da la posibilidad de generar sistemas agrícolas más justos y resilientes, recordemos que este concepto se refiere al:
“derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esta garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, territorios, aguas, semillas, ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que producimos los alimentos […]. Así mismo, busca establecer relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones” (Nyéléni, 2007)
Esto es importante pues, es resultado de cientos de luchas socioambientales a lo largo del tiempo y a través del mundo. Las semillas nativas y criollas son un bien común y un patrimonio para todas y todos los mexicanos, desde los pueblos originarios y las comunidades campesinas que históricamente se han relacionado con éstas, hasta todas aquellas personas que se esmeran por aprender sobre su reproducción y su mejoramiento fitogenético en zonas urbanas y, en general de las generaciones tanto presentes como futuras. Es por eso que, para lograr una conservación, defensa y protección efectiva y duradera de este bien común, es de vital importancia que trabajemos en conjunto entre agrupaciones y voces campesinas, académicas, activistas y militantes de diversos sectores de la sociedad.
Recordemos que para lograr fungir como guardianas y guardianes de las semillas es necesario entretejer de una manera integral nuestras experiencias y capacidades, así como las herramientas e instrumentos legales para garantizar nuestro derecho a la soberanía alimentaria.
Fuentes consultadas para la realización de este trabajo
Altieri, M., y Nicholls, C. I. (2000). Agroecología: Teoría y práctica para una agricultura sustentable. Serie de Textos Básicos para la Formación Ambiental. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, México DF, México.
Boege, E. (2008). El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México: hacia la conservación in situ de la biodiversidad y agrodiversidad en los territorios indígenas. Instituto Nacional de Antropología e Historia, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México.
CEMDA. (2016). Informe sobre la pertinencia biocultural de la legislación mexicana y su política pública para el campo. El caso del programa de “Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional” (MasAgro). Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., México.
Leporati, M., Salcedo, S., Jara, B., Boero, V., Munoz, M. (2014). La agricultura familiar. En Agricultura familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de política Brazil, Chile, México: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Ley de las semilla (2013).
Peña-Sanabria, K. A., Bracamontes Nájera, L., Benítez, M., Cremaschi A., Jönsson, M., Acevedo, F., Tadeo Robledo, M., Espinosa Calderón, A., Mora, K., Kleinfeld Ávila, T., Wegier, A., García Maning, G., Escalona Aguilar, M.A., García-Herrera, R., Espinola, C. (2020). Semillas para el bien común. Compendio de experiencias latinoamericanas y herramientas legales para su defensa en México. Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, Instituto de Ecología, UNAM. Ciudad de México, México.
Toledo, V. M., Barrera-Bassols, N., Boeg, E. (2019). ¿Qué es la diversidad biocultural?. Universidad Nacional Autónoma de México, Michoacán, México.
*Jorge Alberto Nava Sosa es estudiante egresado de la licenciatura en Ciencias Ambientales por parte de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida.
