Gobernaza en clave sociológica

Por: Luis Antonio Blanco Cebada*

Hay conceptos que aparecen por doquier como si se tratara de slogans publicitarios. Los encontramos en los planes de trabajo gubernamentales, los proyectos de los organismos internacionales, las convocatorias de becas para estudiantes a nivel superior y otros documentos cuya pretensión es normar las políticas de desarrollo social. Su interés no es promover las bondades de un objeto-mercancía, sino las de un esquema de participación social, es decir, las de un conjunto de actividades impulsadas por un grupo en busca de beneficios. Uno de esos conceptos multicitados es el de gobernanza. ¿Cómo explica la sociología a la gobernanza? Intentaré brevemente ofrecer algunos acercamientos.

Aunque el término “Gobernanza” se gestó en ambientes académicos (discutiendo con el de “gobernabilidad”) se hizo popular a partir de su adopción por parte del Banco Mundial (BM) en la década de los noventa del siglo pasado. El objetivo del BM fue garantizar la actuación de los Estados nacionales en la transparente gestión de las políticas públicas sostenidas por instituciones democráticas. En otras palabras, se trató de impulsar las acciones del Estado al incluir en la toma de decisiones las diversas voces que lo conforman. Para principios del año 2000 el término había sido apropiado por la mayoría de las naciones “occidentales”.

La principal crítica que se ha hecho a la gobernanza es que el concepto tiene un marcado enfoque gerencial, ligado a la Nueva Gestión Pública y cuya base es la eficacia y la eficiencia organizacional. Empero, más allá de formar parte de la jerga usual en los textos de administración pública y ciencia política, se trata de un tópico que puede explicarse a la luz de enfoques sociológicos.

La sociología puede ayudarnos a comprender de qué hablamos cuando hablamos de gobernanza en clave de acción pública. Enseguida, expongo las premisas de dos de los principales enfoques sociológicos auxiliares en su entendimiento.

1. Racionalización de la acción pública: Los actores coordinan sus actividades de manera eficaz para alcanzar un fin. Planean puntualmente sus estrategias, optimizan sus oportunidades y maximizan los resultados a su favor. El problema emerge cuando se trata de grandes grupos: mientras mayor es el grupo menores serán los beneficios para sus integrantes. Entonces algunos dejarán de participar con la frecuencia que lo hacían. Para ello se requieren incentivos, es decir, refuerzos positivos (como un reconocimiento) o coercitivos (como una sanción) que les impulsen a participar. La motivación se torna aún más selectiva. Esta es la teoría de la acción colectiva como razón instrumental. Sostiene que las personas actuarán siempre de forma lógica y utilitarista.
2. Sociología política de la acción pública: El Estado no es una fuerza autónoma y externa, sino que se co-construye a partir de fuerzas y relaciones de interés entre las instituciones que lo integran y la diversidad de grupos. La idea central es que las instituciones estatales son construcciones sociales y políticas integradas por complejos grupos de interés interactuando en conflicto y a partir de negociaciones. Las instituciones no son neutras y la actuación de los individuos no siempre es racional. El actor actúa motivado por afinidades subjetivas, en ocasiones sin objetivos claros. Esta es la teoría del Neoinstitucionalismo.

Las relaciones entre el gobierno estatal y los diversos grupos pueden ser analizadas, entonces, subrayando el sustrato selectivo, personal y egoísta que motiva a los individuos en sus decisiones (a), o como un conjunto de fuerzas que disputan el control de los marcos normativos, las reglas y los procedimientos institucionales (b).

No obstante, la dominancia de estos dos enfoques no es la única. En próximas entregas indagaremos la manera en cómo la sociología entendió la acción colectiva antes del término gobernanza, y por qué esas interpretaciones continúan vigentes.

Dr. Luis Antonio Blanco Cebada es profesor de la ENES Mérida, UNAM.